Opinión

La violencia social contra las mujeres

 

Por Giovanni Beluche V.

25/nov./2010

 

Con demagogia, como cada año, quienes feminizan la pobreza saltan a conmemorar el aniversario del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Sin desmedro de algunos esfuerzos institucionales, impulsados por mujeres muy comprometidas, no se tocan las profundas causas de la desigualdad y la violencia a que son sometidas las mujeres trabajadoras, por la doble condición de opresión de género y explotación de clase.

 

Violencia en lo laboral

El desempleo abierto entre las mujeres ronda el 9.9%, es decir, una de cada diez mujeres está desempleada. La vulnerabilidad es mayor, porque este dato excluye a las mujeres que laboran en el sector informal, la mayoría sin garantías sociales y laborales. Las vendedoras ambulantes sufren la persecución policial y el decomiso de sus mercancías. ¿Qué alternativa les ofrecen?

 

El MTSS reconoce que en Costa Rica cuatro de cada diez patronos (38% de las empresas) no paga el salario mínimo de ley, lo que afecta a 309,000 personas trabajadoras, sobre todo en empleo doméstico, vendedoras en tiendas, actividades agrícolas, construcción y guardas. Obsérvese que en tres de estas cinco actividades la presencia de mujeres es abrumadora. Incluso hay mujeres trabajando como guardas en residenciales, contratadas por empresas de seguridad. Hay que sumar la proscripción del derecho a sindicalización, siendo sectores muy sensibles a la violación de garantías laborales y sociales.

 

La criminalización de la protesta social

Es una forma de violencia contra las mujeres, porque el represor normalmente es hombre y actúa amparado por el Estado patriarcal. Las mujeres detenidas enfrentan mayores riesgos de violencia sexual y otras ofensas. Criminalizar la protesta social significa que son penalizadas, como criminales, las mujeres que bloquean una calle para exigir el derecho al agua, vivienda digna, tierra para trabajar, caminos para sacar sus productos, atención después de desastres.

 

En agosto de este año fueron agredidas mujeres de nuestros pueblos originarios, cuando pacíficamente se encontraban en la Asamblea Legislativa, solicitando que se discuta un proyecto de ley sobre la autonomía de sus territorios que lleva 17 años de espera. Lo mismo ocurrió en la provincia de Limón, contra mujeres que fueron detenidas y procesadas arbitrariamente, por defender los intereses nacionales contra la privatización de los muelles.

 

Deuda social en salud, gobiernos locales, vivienda popular y educación sexual

Las mujeres deben someterse a una larga espera para una cita con especialistas en la CCSS, agravando el riesgo de cáncer de mamas o de útero. Mientras, las autoridades se pavonean en marchas con lazos de colores como si eso fuera a detener las enfermedades. La falta de presupuesto para las oficinas de la mujer en las municipalidades, si es que existen, denota el interés por construir una sociedad igualitaria. Es violencia la ausencia de proyectos de vivienda de interés social, especialmente para las madres que solas sacan adelante a una familia, pero no pueden pagar una casa a los precios del dios mercado. La inexistencia de programas de educación sexual, por la intromisión de las iglesias en los asuntos del Estado, también genera violencia.

 

Estas y otras formas de violencia se pueden evitar y revertir, falta voluntad política para colocar el desarrollo social por encima de la acumulación de capital.

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