Moratoria

  • Ley de Protección a los ciudadanos ocupantes de Zonas declaradas especiales

    Del por qué una ampliación a la moratoria

     

    Justificación de LEY DE PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS OCUPANTES

    DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES

    DIPUTADA ARACELLI SEGURA RETANA

    EXPEDIENTE N.º 20.737

    ASAMBLEA LEGISLATIVA:

    La Constitución Política de Costa Rica establece en suartículo 50, que el Estado

    procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y

    estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, pero también

    regula el “derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”; de manera

    que las acciones gubernamentales deben orientarse no solo a resguardar el

    derecho al ambiente, sino también el bienestar de los habitantes de la República,

    armonizando las acciones que mejor garanticen el respeto de ambos derechos

    fundamentales. El mandato constitucional en lo que se refiere a “procurar el mayor

    bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción

    y el más adecuado reparto de la riqueza”, ha sido y será un gran reto para

    cualquier Estado democrático y social de derecho, pero debe ser el norte que

    oriente la implementación de políticas públicas claras, precisas y transparentes,

    que comprometan a luchar cada día, por una sociedad más justa, igualitaria e

    inclusiva, que le brinde a todos los costarricenses las mismas oportunidades de

    crecimiento y desarrollo, pero lamentablemente, no es la realidad que viven miles

    de familias costarricenses.

    Todavía a estas alturas del siglo XXI, en nuestro país, encontramos que durante

    décadas, generaciones de miles de familias costarricenses, han habitado en las

    costas e islas, estas familias han construido sus hogares y desarrollado

    actividades productivas como la pesca artesanal, ganadería, el turismo local, y la

    agricultura, entre otras, en áreas que forman parte de lazona marítimo terrestre,

    de la zona fronteriza y del patrimonio natural del Estado. No obstante, pese a los

    largos períodos de ocupación y de uso de esos territorios, la ocupación se ha

    dado, en muchos casos, sin contar con una concesión del Estado. Esto, aunado a

    la naturaleza misma de los terrenos, ha generado que diversas instancias

    estatales se hayan visto obligadas a promover procesos de desalojo de las

    familias y derribo de las construcciones, desencadenando una problemática social

    grave al dejar a estas personas sin su techo habitual y en muchos casos sin

    acceso a la actividad productiva que les da el sustento diario. No tienen seguridad

    jurídica sobre las tierras que han ocupado durante tantos decenios y simplemente

    los hemos convertido en ciudadanos de tercera categoría.

    Atendiendo la necesidad de los habitantes de estas zonas conforme con el

    mandato constitucional:

    1) El 06 de septiembre del 2012 se aprobó en segundo debate el proyecto de

    ley: “Ley de Protección a los Ciudadanos Ocupantes de Zonas Clasificadas como

    Expediente N.° 20.737 2

    Especiales”, esta iniciativa genera la Ley N.° 9073, la cual tuvo como objetivo

    suspender por un plazo de 24 meses el desalojo, la demolición de obras,

    actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio

    natural del Estado (PNA), además de exceptuar de la suspensión prevista en la

    norma legal aquellos casos en que existiera resolución judicial o administrativa en

    firme; este plazo se cumplió y no se generó la normativa requerida.

    2) El 21 de julio de 2016 se publica en La Gaceta N.° 141 al Alcance N.° 127

    la Ley N.° 9373, que como lo sita su artículo primero, establece “ Por el plazo de

    veinticuatro meses se suspenderá el desalojo de personas, demolición de obras,

    actividades y proyectos en la zona marítima terrestre, zona fronteriza y patrimonio

    natural del Estado, salvo aquellas que sean ordenadas mediante resolución

    judicial o administrativa en firme, fundamentándose en la comisión de daño

    ambiental o cuando exista peligro o amenaza de daño al medio ambiente“,este

    plazo pronto a vencerse nuevamente el 21 de julio del 2018, debe ampliarse

    nuevamente, porque recién inicia el análisis y la discusión de las iniciativas de ley

    relacionadas con esta materia.

    En efecto, sobre la regularización de la ocupación de los territorios de la zona

    fronteriza y el patrimonio natural del Estado, es necesario atender la realidad

    particular que se vive en cada una de las regiones, por lo que en la Asamblea

    Legislativa se han presentado dos proyectos de ley que corresponden al

    expediente N.° 20.493 “ Ley para Establecer un Régimen Jurídico Especial para el

    Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, (iniciativa de la

    diputada Aracelli Segura ) y el expediente N.° 20.407 “ Ley para la Regularización

    del Patrimonio Natural y Forestal del Estado (iniciativa del Poder Ejecutivo ),

    imponiéndose otorgar el espacio necesario al Poder Legislativo, para una

    discusión técnica y legal seria y profunda de cada una de estas iniciativas.

    Por su parte, en relación con los planes de ordenamiento territorial, es importante

    señalar que existe un marco legal complejo que regula la tramitología

    administrativa para cumplir y lograr la correcta aplicación de los instrumentos de

    planificación, sean planes reguladores o planes regionales. Actualmente en este

    proceso participan las municipalidades, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental

    (Setena), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y según sea el

    caso el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), además dichos planes deben ser

    sometidos a procesos de consulta con la ciudadanía mediante audiencias

    públicas; siendo claro entonces la cantidad de instancias que participan en el

    proceso, y la complejidad de los trámites que lo componen, es evidente que la

    elaboración e implementación de los planes de ordenamiento territorial toman su

    tiempo. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo ha trabajado con una visión integral de

    desarrollo en el abordaje de este tema, de manera que nuestro país pueda contar

    con una política de ordenamiento territorial clara que brinde los parámetros

    básicos conceptuales y ofrezca los lineamientos generales para la adecuada

    administración y uso racional del territorio.

    El proceso de ordenamiento territorial es complejo y su implementación conlleva

    Expediente N.° 20.737 3

    una serie de actividades que requieren plazos de tiempo considerables, como sí

    se presenta la problemática social de practicar los desalojos y los derribos de las

    familias que tienen su vida construida en las zonas especiales antes referidas.

    Asimismo, parte de la fundamentación de la suspensión mencionada consistió en

    la emisión de medidas cautelares judiciales o administrativas que deben

    fundamentarse en la comisión de daño ambiental, exista peligro o amenaza de

    daño al medio ambiente.

    Aunque en la corriente legislativa se encuentran presentados proyectos de ley

    relacionados con el ordenamiento territorial, la titulación de zona fronteriza y

    territorios costeros, su discusión y debate sin duda van a requerir tiempo y la

    realidad de los habitantes de las áreas que forman parte de la zona marítimo

    terrestre, de la zona fronteriza y del patrimonio natural del Estado es apremiante y

    no puede esperar, pues muchas de estas personas al vivir en ocupación durante

    muchos años en dichas zonas y no contar con título de propiedad son víctimas de

    desalojo y derribo de las construcciones, todo ello ha desencadenado una

    problemática social grave al dejar a estas personas sin su techo habitual y en

    muchos casos sin acceso a la actividad productiva que les da el sustento diario.

    El presente proyecto de ley incluye a todos sus actuales ocupantes, sean estos

    ocupantes a título precario, permisionarios o concesionarios, no obstante es

    importante señalar que en respeto del ordenamiento jurídico de nuestro Estado de

    Derecho, la presente moratoria no suspende los procesos judiciales y

    administrativos en trámite, ni tampoco limita la interposición de nuevos procesos

    en cualquier sede, únicamente suspende la ejecución de resoluciones judiciales o

    administrativas en firme, en lo referente al desalojo de personas, demolición de

    obras o suspensión de actividades y proyectos, salvo cuando se haya ordenado

    en ocasión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente, en

    cuyo caso deberá procederse con la ejecución pertinente. Y bajo el mismo

    supuesto ambiental, no excluye la posibilidad de dictar medidas cautelares

    judiciales o administrativas.

    Ahora bien con relación a las resoluciones administrativas a las que refiere el

    proyecto, tanto en tratándose de medidas cautelares administrativas como de

    resoluciones administrativas en firme, son exclusivamente las dictadas por el

    Tribunal Administrativo Ambiental o el ministro de Ambiente y Energía.

    En reconocimiento de las garantías constitucionales en materia de protección al

    medio ambiente, la iniciativa incorpora salvaguardas que mantienen indemne el

    deber del Estado en materia de protección ambiental y la acción reivindicatoria

    que debe ejercer frente situaciones de daño ambiental propiamente dicho o

    amenaza o peligro de daño, con lo cual se incorpora el principio precautorio y el

    principio preventivo, que son en definitiva los parámetros de protección más

    amplios en esta materia.

    Expediente N.° 20.737 4

    La moratoria propuesta no consolida de ninguna manera, situaciones irregulares

    de ocupación ilegítima, no favorece la constitución o consolidación de derechos a

    favor de los ocupantes a título precario de las zonas objeto de la moratoria.

    Las restricciones a las modificaciones de obras, actividades y proyectos ubicados

    en las zonas objeto de la moratoria, lo son exclusivamente para los ocupantes a

    título precario, puesto que los permisionarios y los concesionarios estarán sujetos

    a la normativa que le resulte aplicable, al acuerdo de concesión o permiso, al plan

    regulador y a la autorización del órgano competente.

    Igualmente, la moratoria no propicia un aumento de la problemática respecto de la

    ocupación ilegítima, pues, en virtud de lo dispuesto en su artículo 5, el Estado

    debe evitar nuevas ocupaciones a título precario en las zonas objeto de la

    moratoria. Siendo claro que los actuales ocupantes a título precario,

    permisionarios o concesionarios podrán conservar tal condición durante todo el

    plazo de la moratoria.

    Las obligaciones que devienen al Estado como consecuencia de la moratoria,

    conciben al Estado en su conjunto, es decir, en sentido amplio. Y tales

    obligaciones deben ser entendidas, respecto de las competencias que le han sido

    conferidas a cada ente u órgano de la Administración Pública, en el tanto tengan

    incidencia en las acciones que deban implementarse en solución de la

    problemática apuntada.

    Finalmente, la moratoria no conlleva la desafectación de las áreas que tengan

    naturaleza demanial, por lo que no supone una afectación de la colectividad en

    menoscabo de los bienes de dominio público del Estado.

    En virtud de estar próximo el plazo de vencimiento de la suspensión indicada y en

    vista de que todavía no se han aprobado las políticas públicas necesarias para

    resolver esos problemas, y dado que el vencimiento de la Ley N.° 9373 “Ley de

    Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales”, de 21 de

    julio de 2018, daría como resultado daños de muy difícil o imposible reparación,

    para los sujetos beneficiarios de la citada ley, se propone en el presente proyecto

    de ley una moratoria de veinticuatro meses, que brinde por ese tiempo tranquilidad

    a las familias que habitan en las zonas especiales.

    Por los motivos señalados, me permito presentar a consideración de la señores y

    señoras diputados y diputadas, el siguiente proyecto de ley.

    Expediente N.° 20.737 5

    Aracelli Segura Retana

    Diputada

    3 de abril de 2018

    APROBADO EN JUNIO 2018 Y REGISTRADO

    CON EL NUMERO DE LEY 9073

    .

Publicidad

panaderiacabuya.jpg

Clasificados

PUBLICIDAD

Muebles La Península